NORTE HOY Un procedimiento judicial de alto impacto se desarrolló en las últimas horas en la ciudad de Ramallo, donde un joven de aproximadamente 25 años fue aprehendido en el marco de una causa que investiga la presunta producción y distribución de material ilegal que involucraría a menores de edad. El operativo tuvo lugar en una vivienda ubicada en calle Córdoba al 400 y se concretó por orden de la Justicia, en el marco de una investigación que tramita en la Unidad Funcional de Instrucción N° 15 del Departamento Judicial San Nicolás. La causa está caratulada bajo figuras penales de extrema gravedad previstas en el Código Penal argentino. Tras el procedimiento, el imputado fue trasladado para prestar declaración indagatoria ante la fiscalía interviniente y luego regresó a su domicilio, donde continúa cumpliendo una detención domiciliaria correspondiente a una condena previa. No obstante, fuentes judiciales confirmaron que se analiza seriamente la revocación de ese beneficio. Durante el allanamiento, los investigadores secuestraron una CPU con su respectivo disco rígido, considerado un elemento central para la causa. De acuerdo con la pesquisa, el equipo habría sido utilizado para descargar, almacenar y redistribuir contenido digital sensible, cuya naturaleza será peritada por especialistas en informática forense. El acusado, oriundo de la ciudad de San Nicolás, se encontraba residiendo en Ramallo justamente por encontrarse bajo el régimen de prisión domiciliaria, tras haber sido condenado anteriormente por un delito vinculado a la comercialización de estupefacientes. Este antecedente agrava su situación procesal actual. Fuentes cercanas a la investigación indicaron que el material hallado no habría sido producido por el imputado, sino obtenido a través de distintas plataformas digitales y luego compartido, conducta que igualmente encuadra en una figura penal severa, con penas de cumplimiento efectivo. En este contexto, la Justicia evalúa el riesgo procesal y la reiteración de conductas delictivas, elementos que podrían derivar en el inmediato traslado del acusado a una unidad penitenciaria. La investigación continúa y no se descartan nuevas medidas en las próximas horas. Opinión pública: este caso vuelve a poner en debate la necesidad de controles más estrictos sobre los beneficios otorgados a personas condenadas y el rol clave de las pericias digitales en delitos complejos, donde el daño social trasciende lo individual y exige respuestas judiciales firmes y ejemplares. NORTE HOY
